Expertos latinoamericanos advierten que prohibición en Brasil daña confianza inversionista

La prohibición de las apuestas de cuota fija y los casinos online en Brasil a través de la Medida Provisional 1.394/2026 ha generado advertencias sobre la estabilidad regulatoria en Latinoamérica.

Representantes de la industria y expertos legales de Brasil, México, Colombia, Chile, Perú y Uruguay coinciden en que la medida podría socavar la confianza de los inversores y fortalecer a los operadores ilegales.

Bárbara Teles, directora de relaciones gubernamentales de ABC-BET, cree que el problema no es que el estado revise sus políticas, sino que reemplace, en un periodo muy corto, un sistema regulatorio detallado con una prohibición casi total.

“Estamos hablando de una actividad legalizada, regulada, sujeta a un proceso de autorización complejo y costoso”, dice Teles.

La representante brasileña advierte de las consecuencias legales para las empresas que pagaron por licencias, reclutaron personal, desarrollaron infraestructura local e invirtieron en tecnología y certificaciones para cumplir con la regulación.

Entre los principios que considera relevantes para el debate, menciona la seguridad jurídica, las expectativas legítimas, la buena fe y la proporcionalidad.

Desde México, el Dr. Miguel Ángel Ochoa Sánchez, director ejecutivo de AIEJA, cuestiona el impacto de la decisión en la imagen de los mercados latinoamericanos.

“Cualquier inversión requiere certeza jurídica a largo plazo. Especialmente cuando las sumas involucradas y la infraestructura necesaria son sustanciales”, argumenta.

Para Ochoa Sánchez, los gobiernos deben entender la importancia económica de la industria y desarrollar políticas públicas que trasciendan los ciclos electorales.

En Colombia, la abogada Tatiana María Vásquez, socia de Vásquez & Asociados, ve lo sucedido como una señal de alerta para la región.

“Mi principal preocupación es la coherencia de la respuesta”, explica, añadiendo que una política que promueve la formalización pierde coherencia si otras medidas acaban dificultando permanecer en ella.

La posibilidad de que los jugadores migren a plataformas no autorizadas es otro foco clave del debate.

Ochoa Sánchez argumenta que la prohibición fomenta el mercado ilegal y la fuga de capitales.

“No es un secreto: la prohibición, ya sea de cualquier producto o servicio, siempre fomenta el mercado ilegal y la fuga de capitales. Y donde hay ilegalidad, hay falta de protección para el consumidor”, afirma.

Carlos Fonseca, socio gerente de Gaming Law SAC, ofrece una crítica más contundente a la justificación social de la medida.

“Prohibir la oferta legal no elimina la demanda: simplemente la desplaza al mercado negro”, dice el especialista peruano.

Según Fonseca, este desplazamiento podría tener consecuencias para varios actores: el estado pierde ingresos fiscales, los trabajadores enfrentan el riesgo de pérdida de empleos y los usuarios pueden quedar sin mecanismos efectivos para presentar quejas.

Desde Uruguay, Luis Gama, secretario ejecutivo de CUOASEC, cree que una prohibición puede reducir la exposición al juego dentro del mercado regulado.

Sin embargo, advierte que una proporción significativa de la demanda podría desplazarse a operadores ilegales, donde no hay controles de edad, límites de gasto o herramientas de prevención de fraude equivalentes.

“Más que ser una política de protección, podría terminar dejando a los consumidores más vulnerables”, señala Gama.